Por DANIEL ADAM
Josemaría Islas está enfrentando deportación. Un residente de New Haven, Connecticut, Islas fue detenido el 2 de Julio del 2012 por intento de robo de una bicicleta. No hubo absolutamente ninguna evidencia para la acusación. El acusador no pudo identificar a Islas y nunca perdió la posesión de su bicicleta. La defensa de Islas aún produjo evidencia que él estaba trabajando, e incluso fue a almorzar durante el incidente. Sin embargo, el hecho de que Islas fue arrestado era suficiente para que las autoridades de la corte lo entregaran a las manos de la Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ser deportado. De hecho, Islas había permanecido en la cárcel por cuatro meses, intentando de evadir ser detenido por ICE. Cuando Islas finalmente resolvió su caso inicial, las autoridades saltaron.
Las autoridades del corte obtuvieron el derecho de detener a Islas de parte de un programa que la administración de Obama recientemente impuso en todas las jurisdicciones de los Estados Unidos. El programa se llama “Comunidades Seguras” o “S-Comm” (como su nombre corto en inglés). Este programa requiere que la policía local entregue a ICE toda la información para identificar a la gente que detengan. Si una persona no aparece en el banco de datos nacional de ICE, ICE lo puede detener para ser deportado. Esencialmente, este programa es politicamente parecido a una versión más eficiente del SB 1070 en Arizona. Conecta la policía local y estatal directamente a las autoridades de inmigración federales. Es difícil subestimar el significado de este programa.
Para el año 2014, Obama habría deportado a 2 millones de personas—tantas como fueron deportadas entre los años de 1892 y 1997. S-Comm ha sido un instrumento muy importante para lograr esta cifra. Permite que las deportaciones se hagan silenciosamente y bajo la treta de deportar “criminales peligrosos.”
Pero casi la mitad de las personas deportadas en el 2012 no tenían ningún precedente criminal. De aquellos con precedentes, una cuarta parte solamente tenían violaciones de tráfico, y una quinta parte solamente habían sido declarados culpables de delitos relacionados a inmigración, por ejemplo “entrada ilegal” (ésta solamente se considera un delito civil, no criminal).
Esto no es un descuido, sino una política intencional. El ACLU recientemente ha obtenido correos electrónicos mostrando que funcionarios superiores en la administración de Obama en el 2012 mandaron que ICE detenga más inmigrantes por violaciones de tráfico y otros delitos menores para cumplir con los límites de la deportación de “criminales.”
Durante años los inmigrantes y sus aliados han avanzado el eslogan “Somos trabajadores, no criminales” y ésto sí ha impactado el paisaje político. El gobierno federal ya no siente tanta confianza justificando su represión solamente a través de la idea que todos los inmigrantes (o por lo menos los inmigrantes indocumentados) son criminales.
La administración de Obama se ha adaptado utilizando las tácticas de detenciones masivas y el nuevo “Jim Crow.” Como tanto en las comunidades afro-americanas, la represión de los inmigrantes está siendo realizado bajo el disfraz de buscar solamente a los “criminales peligrosos.” Esta justificación está dirigida no solamente a los aliados de los inmigrantes, sino a los mismos inmigrantes. Asegura a algunas personas que el S-Comm no es una amenaza para su mismo, sino una protección en sus comunidades en contra de los elementos criminales. Esto sirve para dividir no solamente a los trabajadores nativos de los inmigrantes, pero también divide a los inmigrantes uno del otro.
Por supuesto, S-Comm no requiere que ICE verifique si una persona ha sido encontrado culpable de cualquier cosa. Una persona cuyo nombre no se encuentra en el banco de datos de ICE solamente necesita ser arrestado (falsamente o de otra manera) para ser detenido y deportado por ICE. El programa crea una manera legal para evitar el debido proceso, porque no se requiere ningún juicio llevado a cabo por el jurado para estas deportaciones.
Cuando Islas fue detenido, el gobernador Daniel Malloy ya había empezado una política de solamente entregar a ciertas personas al ICE—personas que tenían precedentes de felonías, personas conocidos como “miembros de pandillas,” y personas en las listas de terroristas. Islas no había cumplido ninguno de estos requisitos, pero la jerarquía bajo de que funcionan las autoridades del corte rechaza seguir este política. En este sentido, el caso destaca algunas de las limitaciones de intentar solucionar este tipo de problema por medios locales.
Medios locales como éstos que limitan quién puede ser deportado bajo el programa de S-Comm solamente permiten aún mayores divisiones entre inmigrantes, porque tales políticas promuevan el desarrollo de divisiones más concretas entre la comunidad.
Las personas con precedentes de felonías se vuelven más vulnerables que las personas que no los tienen. Los jóvenes son especialmente vulnerables a acusaciones imprecisos de tener “relaciones con pandillas.” Las listas terroristas son tremendamente arbitrarias y se enfocan abrumadoramente en los miembros de las comunidades musulmanes y árabes. Estas políticas están calculadas para disuadir a la gente de identificarse con las víctimas de represión del estado. Para tener éxito, el movimiento de los inmigrantes no puede caer en éste truco. Debe establecer un principio consistente de “¡Un ataque contra uno es un ataque contra todos!”
Liderada por Unidad Latina en Acción, una campaña pública continua demandando la liberación de Islas. Están llevando a cabo manifestaciones en New Haven y en Hartford, Connecticut.
