Coronel salvadoreño condenado y sentenciado por asesinato de sacerdotes

Monumento a las victimas de la masacre de El Mozote. Memorial to the victims of the El Mozote massacre.
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De LAZARO MONTEVERDE

En Centroamérica, la justicia llega lentamente, si es que llega. El coronel Inocente Orlando Montano (retirado) fue condenado a 133 años de prisión en un tribunal de Madrid el 11 de septiembre por su papel en los asesinatos de 8 personas en 1989 en San Salvador. Los ocho incluían a 6 sacerdotes jesuitas (cinco de los cuales eran ciudadanos españoles), su ama de llaves y su hija de 15 años.

Montano se desempeñó como Ministro de Seguridad Pública durante la guerra civil de 1979-1992 en El Salvador. Montano, que ahora tiene 77 años, fue extraditado de EE.UU. En 2017, donde había estado viviendo. El gobierno salvadoreño se negó a extraditar a los otros soldados responsables de los crímenes. Al final de la Guerra Civil salvadoreña, el gobierno salvadoreño aprobó una ley de amnistía que dificulta la investigación y procesamiento de casos de derechos humanos. Esta ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de El Salvador en 2016, abriendo así el camino para el enjuiciamiento de crímenes de guerra, pero los tribunales salvadoreños han tardado en tomar los casos de crímenes de guerra. Montano, sin embargo, fue juzgado y condenado en España bajo el principio de jurisdicción universal por delitos de derechos humanos. El principio de jurisdicción universal establece que los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad pueden ser juzgados por otros países, incluso cuando ocurran fuera de las fronteras de ese país. Bajo este principio, Montano fue extraditado de EE.UU. En 2017. España lo declaró culpable de matar a las 8 víctimas, pero solo podía ser condenado, según la ley española, por el asesinato de las cinco que eran ciudadanas españolas. La justicia parcial llegó 31 años después de los asesinatos.

Crucial para la condena fue el testimonio del teniente Rene Yusshy Mendoza (retirado), quien formó parte del equipo asesino comandado por Montano. Mendoza fue uno de los soldados que disparó contra algunos de los sacerdotes. También fue crucial para la condena el uso de documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos puestos a disposición del gobierno español por los Archivos de Seguridad Nacional. Estos documentos, escritos por observadores de primera mano de la CIA, el Pentágono y la Embajada de Estados Unidos, muestran que el ejército salvadoreño estuvo detrás de la masacre

Los asesinatos de sacerdotes en 1989 fueron parte de un patrón de décadas en El Salvador. El patrón comenzó en 1979 cuando estalló una violenta guerra civil entre los grupos guerrilleros unidos en el FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) y la oligarquía salvadoreña apoyada por los militares. Uno de los primeros asesinados fue el arzobispo Oscar Romero, un crítico vocal de la injusticia. Romero, ahora santo en la Iglesia Católica, fue asesinado mientras decía misa el 24 de marzo de 1980. Ese mismo año, tres monjas Maryknoll y un misionero laico fueron secuestrados, golpeados, violados y asesinados el 2 de diciembre. Investigaciones posteriores mostraron que Major Roberto D’Aubuisson ordenó y planeó el asesinato de Romero. D’Aubuisson se formó en la Escuela de las Américas, un campo de entrenamiento militar dirigido por Estados Unidos para escuadrones de la muerte y terroristas latinoamericanos en Fort Benning, Georgia, ahora rebautizado como WHINSEC, y el fundó y dirigió uno de los escuadrones de la muerte más notorios de El Salvador. Trabajó en inteligencia militar y luego fundó el partido político de extrema derecha ARENA. Nunca fue acusado ni condenado por los crímenes y ahora está muerto.

El ejemplo más espantoso del patrón es la Masacre de El Mozote en la que casi mil campesinos salvadoreños inocentes fueron asesinados en diciembre de 1981. La historia de pesadilla de la masacre, quién hizo qué a quién, y las consecuencias humanas, es una crónica brillante de Mark Danner en su de 1993 expone La masacre en El Mozote. A pesar del conocimiento generalizado del caso, nadie fue procesado hasta hace poco. En un caso que rivaliza con el reciente veredicto en Madrid, diecisiete militares de alto rango están siendo juzgados en El Salvador por la masacre. El caso se inició luego de que la ley de amnistía fuera declarada inconstitucional en 2016. Iniciado por sobrevivientes y familiares de las víctimas. Los acusados ​​aún se encuentran en libertad, pero deben presentarse ante el tribunal una vez al mes y no pueden salir de El Salvador sin permiso.

En noviembre de 2019 el caso dio un importante paso adelante cuando dos soldados que participaron en la masacre testificaron desde detrás de una pantalla con la voz distorsionada. Están en un programa de protección de testigos a cambio de su testimonio. Los dos confirmaron los relatos de las víctimas sobre golpizas, violaciones y asesinatos de campesinos inocentes, incluidos niños, relatos que se sabe desde hace mucho tiempo que son ciertos pero nunca antes aceptados por ninguno de los soldados involucrados o por los tribunales.

En un segundo acontecimiento importante, el general Juan Rafael Bustillo (retirado), ex comandante de la Fuerza Aérea reconoció la responsabilidad de los militares salvadoreños por la masacre. Bustillo declaró que él mismo no fue responsable de la masacre, que fue perpetrada por el Batallón Atlacatl al mando de su comandante el coronel Domingo Monterrosa.

El Batallón Atlacatl fue entrenado por los Estados Unidos. Monterrosa, al igual que D’Aubuisson, fue entrenado en los Estados Unidos en la Escuela de las Américas. Se la consideraba la élite, y la más brutal de todas las unidades militares salvadoreñas, similar a los Rangers estadounidenses o las fuerzas especiales. El coronel Monterrosa fue asesinado por el FMLN en octubre de 1984. Monterrosa es un chivo expiatorio conveniente para los militares y la oligarquía salvadoreños. Ya no está para contar su versión de los hechos, ya que fue asesinado por el FMLN en represalia por la masacre. Esta estrategia fue utilizada por el general Bustillo en su testimonio. Bustillo no solo aseguró que Monterrosa actuó solo, sino que manifestó “casi me siento como un momento, una instancia de locura por parte del coronel Monterrosa por haber cometido este delito” y “fue por iniciativa suya que dio la orden de matar a la gente de El Mozote ”(citado en Aljazeera, 25/1/2020).

Si bien el patrón de violencia es claro y algunos de los responsables ahora están siendo procesados, debemos preguntarnos quién estuvo detrás de los oligarcas, los militares y los escuadrones de la muerte. ¿Quién los entrenó, les dio dinero y armas, los apoyó internacionalmente y les dio cobertura política y de relaciones públicas? La respuesta es Estados Unidos.

Un pequeño monumento se encuentra cerca del lugar de la masacre, una cruz con las cuatro figuras de pie junto a él, un hombre, una mujer y dos niños. La inscripción dice “Ellos no murieron. Están con nosotros, contigo y con toda la humanidad”. Los revolucionarios nunca deben olvidar a las víctimas inocentes, ni nunca debemos olvidar quién fue el responsable y por qué.

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