Por LISA LUINENBURG
El 12 de diciembre el Director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles), John Morton, cuya agencia opera bajo el control del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS, por sus siglas en inglés), anunció que el controversial programa 287(g) llegará a su fin. El 287(g) se refiere a una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que autoriza a ICE para ingresar al Memorando de Acuerdo (Memorandum of Agreement) para sustituir agentes policiales locales con la finalidad de que actúen como agentes de inmigración en su trabajo cotidiano. Por ejemplo, al operar bajo un acuerdo de 287(g), un policía municipal podría cuestionar y detener a una persona basándose en su estatus migratorio.
En muchos lugares, el uso de este programa ha resultado en un aumento de perfil racial, porque cada vez más, la policía local, arbitrariamente detiene a cualquier persona que luce o se exprese como “inmigrante.” En particular, el Condado de Maricopa, Arizona, el cual pertenece a la jurisdicción del alguacil Joe Arpaio, ha tenido buena documentación sobre acusaciones muy serias de abusos bajo el auspicio del programa 287(g).
John Morton anunció que en el nuevo presupuesto del año 2012 del DHS, el DHS no firmará ningún nuevo acuerdo de 287(g) y eliminará los acuerdos menos productivos, ahorrándose un estimado $17 millones. Mientras el anuncio de Morton tal vez pareciera una victoria para los inmigrantes y los activistas en la lucha pro-inmigrante, la realidad es que ahora ICE dirigirá sus energías en la expansión del controversial programa llamado Comunidades Seguras (S-Comm, por sus siglas en inglés). El DHS declaró en su petición de presupuesto, que: “el proceso de monitoreo con S-Comm es más consistente, eficiente, y económico en la identificación y expulsión de criminales y de otros extranjeros prioritarios.”
S-Comm es un banco nacional biométrico de datos a través de huellas digitales, que se utiliza para monitorear el estatus migratorio de cualquier persona que se encuentre en la cárcel. Cualquier persona sospechosa de ser inmigrante sin documentos, tiene una orden de detención en su expediente. ICE entrevista al detenido ya sea en la cárcel o después de haber sido puesto en libertad. Si ICE decide que es necesario, detienen a esta persona e inician el proceso de deportación.
Cuando fue introducido en el año 2008 por primera vez con el auspicio de la administración de Bush, S-Comm fue conducido a 14 jurisdicciones en el país. Desde mayo del 2011, el programa se había expandido para incluir a más de 1,210 jurisdicciones, con el consentimiento de la administración de Obama. El DHS ha prometido implementar el programa en todo el país para el año 2013. S-Comm nada más es el último paso de una nueva y “blandengue” estrategia, que hasta ahora ha resultado record. De 392,000 deportaciones en 2010 a 396,000 deportaciones en el 2011.
Sin embargo, la implementación y expansión de S-Comm ha causado cada vez más controversia y división. Cuando originalmente introdujeron S-Comm, sus dichas metas (tomado de un reporte al Congreso en el 2009) incluyeron la meta más importante, la de deportar a los criminales peligrosos. Sin embargo, las propias estadísticas de ICE, han demostrado que la gran mayoría de inmigrantes deportados a través de este programa, no han cometido ningún crimen o solamente cuentan con una ofensa menor en su record. Por ejemplo, entre el 2009 y los primeros 5 meses de 2011, entre el 83% y 85% de las personas detenidas por ICE por medio de S-Comm, tuvieron ofensas menores (o ninguna ofensa); en los primeros 5 meses de 2011, el 32% de las personas detenidas no cometieron crimen alguno.
El hecho de que estas estadísticas sean tan alarmantes a un grado mayor en el aumento del perfil racial en las jurisdicciones donde S-Comm se lleva a la práctica. Todos los días, las policías en las comunidades de todo el país detienen a inmigrantes de forma arbitraria, como por tener un farol trasero roto o un rosario colgando del espejo. Incluso, hay reportes de personas acusadas de crímenes falsos, luego de haber sido soltadas, fueron deportadas gracias a S-Comm.
Las policías saben que las huellas digitales de cualquier inmigrante que se registran en la cárcel se dirigirán al banco de datos de S-Comm, y que luego serán entregados a ICE. Por esta razón, ya no hay motivos para dar autorización a las policías locales para que como parte del programa de 287(g) actúen como agentes de inmigración. S-Comm ya hace todo el trabajo por ellos.
Durante la fase inicial de expansión bajo el auspicio de la administración de Obama, la participación en S-Comm fue aparentemente ofrecida a los condados con una base opcional. Sin embargo, como resultado del fracaso del programa de cumplir con las propias metas de ICE, de deportar a “criminales peligrosos,” y reportes de la disminución de confianza en policías de comunidades donde habían implementado el S-Comm, más y más condados empezaron a escoger la opción de no participar en S-Comm. El primero fue Arlington, Virginia, seguido por tres condados en California—Santa Clara, San Mateo y San Francisco.
Al ver esta primera ola de resistencia, ICE cambió de parecer y dijo que los condados ya no podrían optar ni decidir en cuanto a participar o no en el programa. Después de este anuncio, los estados empezaron a retirar su participación en dicho programa. En 2011, los estados de Illinois, Nueva York y Massachusetts, junto con Washington, D.C. y ciudades como Los Angeles, San Fransisco y Boston, intentaron retirar su participación en el programa pero sin éxito.
Pat Quinn, el gobernador de Illinois, escribió una carta pública defendiendo la decisión de su estado de retirar su participación en S-Comm, en la cual se declaraba: “El gobernador Quinn sigue profundamente preocupado de que S-Comm tenga el efecto opuesto a lo que es su meta. En lugar de hacer a nuestras comunidades más seguras, la defectuosa implementación de este programa divide a las comunidades y a las familias…un programa que supuestamente tiene como blanco a personas culpables de crímenes serios…por el contrario, en muchas ocasiones se enfoca en individuos que han sido declarados culpables de delitos sin haber cometido ningún crimen—como la madre en camino a su trabajo o el padre que va a dejar a sus hijos a la escuela.”
Después de que la resistencia para participar en S-Comm continuara creciendo, ICE cambió de parecer una vez más, declarando en agosto del 2011 que invalidaba todos sus acuerdos MOAs con las jurisdicciones locales. Prácticamente, ahora ICE podría implementar el programa donde sea y cuando lo deseen, sin importarles la resistencia de la misma policía, de gobiernos locales y estatales, y de activistas comunitarios. Y justamente esto es lo que a empezado a hacer.
Como respuesta a toda esta controversia y falta de claridad, la Red Nacional para Organizar a los Trabajadores Diarios (NDLON, por sus siglas en ingles), el Centro por las Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en ingles), y la Clínica de Justicia de Inmigración de la Escuela de Ley Benjamin N. Cardozo, unieron sus fuerzas para entregar una petición masiva, para que se hicieran públicos los documentos federales relacionados con el larvado programa S-Comm, amparándose en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en ingles). Como resultado de esta petición, más de 15,000 documentos sobre S-Comm se pusieron a disposición del público en febrero del 2011.
Uno de los descubrimientos más impresionantes reveló que S-Comm es solamente el primer paso en el desarrollo e implementación de un banco de datos nacional biométrico, el cual será lanzado por el FBI, que se llama “Identificación de la Próxima Generación”(NGI, por sus siglas en ingles). En un reporte revelado por internet, estas organizaciones declararon: “Los documentos revelados como resultado de la Ley de Libertad de Información… revelan que S-Comm va mucho más allá del simple fortalecimiento de la leyes migratorias. El programa es parte de un proyecto mucho más ambicioso y además secreto, de recolección de información, que profundamente menosprecia la democracia y la libertad…Los documentos nuevamente revelados exponen la meta del FBI de acumular un banco de datos biométricos… extendiéndose hasta la recolección y retención de registros de iris y de fotografías digitales para apoyar el reconocimiento facial automatizado en tiempo real.”
Esencialmente, S-Comm es el lugar donde el gobierno está probando terreno para programas de gobierno que muy pronto se utilizarán para coleccionar información acerca de todas las personas residiendo en los Estados Unidos, ya sin importar su estatus de ciudadanía. Más información acerca de los documentos de S-Comm en FOIA se puede encontrar en el sitio web: http://www.uncovertruth.org.
Mientras S-Comm se ha expandido rápidamente a nuevas áreas, sin que hubiese existido algún tipo de previa notificación o debate público, también se ha expandido la resistencia. El Comité por los Derechos de los Inmigrantes en Minnesota (MIRAc), junto con una coalición de organizaciones locales, laborales, religiosas y comunitarias, ha estado luchando por más de un año para evitar que S-Comm llegue a este estado. Sin embargo, aunque antes existieron ordenanzas de separación en San Pablo y Minneapolis (las dos ciudades más grandes del estado de Minnesota), ICE llevo a cabo la implementación de S-Comm en todo el estado el 7 de febrero del 2012.
MIRAc y la Campaña No Mas Deportaciones, inmediatamente hicieron un llamado a una protesta pública en la plaza gubernamental en el centro de Minneapolis, que está ubicado justo al lado de la cárcel del Condado de Hennepin: “Esta noticia es horrible,” dijo Isaac Martin de MIRAc. Este programa comprometerá la seguridad comunitaria y separará familias aquí en Minnesota. Llamamos a los oficiales locales y del condado a rechazar el reconocimiento de los pedidos de fichas de ICE, y hacemos un llamado al Presidente Obama a terminar el tan horrible y mal nombrado ‘Comunidades Seguras’. Este programa no hace a ninguna de las comunidades más seguras, de hecho hace a las comunidades de inmigrantes y Latinoamericanos más inseguras al separar a cientos de miles de padres de sus hijos.”
En Connecticut, una clínica legal en Yale ha entregado una demanda federal de acción colectiva para retar el uso de fichajes que realiza ICE. Activistas pro-inmigrantes han entregado una petición para urgir a los oficiales del estado a que retrasen la implementación de S-Comm en su estado. Mientras ICE y el FBI continúan trabajando juntos para expandir la red de S-Comm y otros programas biométricos de compartición de datos, alrededor de Estados Unidos, está muy claro que todos nosotros tenemos que comenzar a resistir, o bien, enfrentar las espantosas consecuencias.
Photo from Pith in the Wind
