De LAZARO MONTEVERDE
El 18 de julio fueron secuestrados cinco líderes garífunas de la costa norte de Honduras. Las cinco víctimas del secuestro, Alberth Centeno, Milton Martínez, Suami Mejía, Gerardo Rochez y Junior Mejía, fueron sacadas de sus hogares en una redada antes del amanecer realizada por hombres fuertemente armados con uniformes policiales, chalecos antibalas y pasamontañas y utilizando autos sin distintivos. En el momento del secuestro, Honduras estaba bajo un bloqueo debido al COVID 19 y solo la policía, el ejército y los trabajadores de la salud podían salir de sus hogares. En el momento de redactar este informe, aún se desconoce el paradero de los cinco y el gobierno se ha negado a responder a las demandas de Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de dar información sobre su paradero. Los cinco eran líderes de la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz. La comunidad ha estado exigiendo que el gobierno y las corporaciones cumplan con un fallo judicial de 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que se les indemnice por el robo de sus tierras comunales que han sido utilizadas para centros turísticos.
Los garífunas son un pueblo afro-indígena que fueron aplastados por los británicos en su natal San Vicente y las Granadinas en la Segunda Guerra del Caribe en 1795-1796. Los británicos exiliaron a muchos garífunas a la cercana isla de Baliceaux, donde los británicos mataron de hambre al menos a 2.800 garífunas. Miles de personas más fueron trasladadas por la fuerza a la costa caribeña de América Central, donde los británicos tenían el control político. Al llegar en 1797, estos garífunas fueron reasentados por la fuerza en lo que ahora es Belice, la costa caribeña de Guatemala, las Islas de la Bahía de Honduras y la costa norte, y la costa caribeña de Nicaragua.
Los garífunas, junto con grupos campesinos y otros pueblos indígenas en Honduras, han librado feroces batallas en las últimas décadas contra la destrucción ambiental y el genocidio llevado a cabo por las élites políticas hondureñas, las corporaciones transnacionales y los narcocapitalistas. Detrás de estas tres fuerzas, apoyándolas y habilitándolas, está el imperialismo estadounidense.
La violencia contra los activistas ambientales y los pueblos indígenas de Honduras se aceleró, como lo documentaron grupos de derechos humanos como Global Witness, luego del golpe político-militar del 28 de junio de 2009 contra el presidente hondureño moderadamente liberal José Manuel Zelaya. Usamos el término “político-militar” para describir el golpe porque no fue un simple golpe militar. Más bien, las élites políticas, incluida la Corte Suprema de Honduras y el partido gobernante en el Congreso, actuaron contra el presidente Zelaya junto con los militares que proporcionaron la fuerza represiva para el golpe. Predominaba el control civil de la clase dominante. Este tipo de golpes político-militares, a diferencia de un simple golpe militar pasado de moda, se están volviendo más comunes en América Latina. La más reciente tuvo lugar en Bolivia el año pasado que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Evo Morales. El papel de Estados Unidos en el apoyo al golpe y en el respaldo a las élites militares y políticas hondureñas es descrito en detalle por Dana Frank en su libro sobre el golpe titulado La larga noche hondureña. [Ver la edición de abril de 2019 de Socialist Action para una revisión.]
Continúan los secuestros y asesinatos de activSegún Global Witness, 123 activistas habían sido asesinados por las fuerzas militares o las fuerzas de seguridad privada de los ricos entre el golpe del 28 de junio de 2009 y finales de 2016. La víctima más destacada fue Berta Cáceres. Cáceres fue la ganadora del Premio Ambiental Goldman y líder de la lucha Lenca contra proyectos hidroeléctricos destructivos en el occidente de Honduras. Cárceres fue incluida en una lista de objetivos corporativos-militares después del golpe de 2009 y fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en circunstancias perturbadoras, similares a las que rodearon el secuestro de los cinco líderes garífunas. El pueblo Lenca es uno de los grupos más grandes de pueblos indígenas de Honduras.
istas. En 2018, cuatro activistas fueron asesinados y en 2019 otros 14 fueron asesinados. Dada su población de 8 millones, esto convierte a Honduras en el país más peligroso del mundo per cápita para los activistas ambientales y los pueblos indígenas. [ver The Guardian, 28 de julio de 2020.]
Necesitamos una campaña de solidaridad para las cinco víctimas, que incluya cartas al embajador de Honduras y a los congresistas exigiendo la devolución de las cinco o, en caso de que hayan muerto como es probable, una investigación y juicio de los perpetradores. ¡Un agravio contra uno es un agravio contra todos!
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