Por LISA LUINENBURG
Millones de inmigrantes indocumentados y sus familias, amigos y aliados esperaron con esperanza la revelación, el martes 16 de abril, de la nueva propuesta de Reforma Migratoria Comprensiva. A pesar de las altas esperanzas, la nueva legislación incluye muchas provisiones represivas, por ejemplo más militarización de la frontera EEUU-México, nuevos programas braceros y verificación biométrica de empleo, y una “vía a la ciudadanía” muy larga, difícil y cara.
Una parte principal de la legislación incluye un aumento enorme en la militarización de la frontera EEUU-México y la criminalización de los inmigrantes. La propuesta dedica $4.5 billones para gastos en el uso de nuevas tecnologías de vigilancia desarrolladas por el Departamento de Defensa, más agentes de la Patrulla Fronteriza, el uso de aviones no tribulados, la instalación de nuevos muros de múltiples capas, y el despliegue de la Guardia Nacional para apoyar toda esta nueva infraestructura.
Otras estipulaciones incluyen $50 millones de dólares para permitir la “operación Streamline” en Tucson, Ariz., para procesar a 210 detenidos todos los días para la deportación (con un aumento de 70 por día), la instalación de más sitios de inspección en la frontera, y permitiendo a los oficiales del Seguridad Nacional acceso a todas las tierras protegidas por el gobierno federal. Pero la peor parte de todo esto es que el gobierno no regalará estatus legal a nadie hasta que las metas de la militarización y un nuevo sistema expandido de E-Verify hayan sido implementados y logrados. Éste básicamente permite que el gobierno pueda retrasar el proceso de legalización hasta cuando quieran.
Aumentando la seguridad y violencia en la frontera no detendrá a los inmigrantes de seguir cruzando la frontera—como en el pasado, solamente obligará a los migrantes a cruzar por lugares más peligrosos, resultando en más muertes. Ha sido estimado por el Centro de Política Migratoria que el número de cuerpos de migrantes encontrados en la frontera ha aumentado, desde 14 cada año en el 1995 hasta más de 160 cada año en el 2005—un resultado concreto del aumento en la militarización.
La estrategia de militarización también juega un rol político. Es un intercambio—el gobierno regala a los elementos más conservadores lo que quieren, y ellos darán su aprobación a la legislación. De esta manera el gobierno también puede influenciar la opinión del público—lo pueden hacer parecer que están tomando medidas duras en contra de los inmigrantes, mientras que en realidad no paren el flujo de obreros indocumentados en lo que depende la economía estadounidense.
Todo es parte de la estrategia llamado “desgaste a través de la imposición.” La idea es hacer la vida lo más difícil posible para los inmigrantes indocumentados y sus familias, que tienen demasiado miedo de tomar las calles y utilizar su poder de clase para luchar por sus derechos. Esto permite que ideas como: la seguridad nacional, la integridad cultural y la criminalización—segmentos principales del sistema de inmigración en los EEUU— florezcan.
¿Y quién se beneficia de todo ésto? Sin mucha novedad, son las compañías con contratos militares muy grandes. Incluso Charles Schumer (D-NY), uno de los autores principales de la nueva propuesta, recibirá su dinero. Él ha sido criticado recientemente por aceptar más de $100,000 dólares en contribuciones a su campaña del GEO y el Corrections Corporation of America —dos de las corporaciones privadas de detenciones que ganan millones de dólares en beneficios ($269.9 millones en beneficios combinados en el 2012) de la detención de inmigrantes esperando la deportación en centros de detención de muy baja calidad.
Junto con todas estas medidas de seguridad en la frontera, la nueva propuesta de ley también hace obligatorio dentro de cinco años el nuevo sistema de verificación del empleo llamado E-Verify. El E-Verify es un banco de datos que permite que los empleadores chequen el estatus migratorio de los trabajadores cuando aplican para un empleo. Ahora, su uso sólo esta requerido para ciertas compañías con contratos con el gobierno. Pero la nueva propuesta expandiría el programa a todo el país y requerirá que todos los trabajadores, ciudadanos o no, muestran tarjetas biométricas de identificación (tarjetas que contienen información personal para identificar a una persona, como fotos o huellas digitales) cuando están aplicando para un trabajo nuevo.
Esto es solamente el primer paso en sistemas que el gobierno está desarrollando para vigilar a todas las personas viviendo en los Estados Unidos. Y porque no todos los inmigrantes indocumentados calificarán para el nuevo estatus y muchos más seguirán viniendo a los Estados Unidos, el sistema expandido de E-Verify obligará a los trabajadores sin papeles a una situación aún más extrema, forzándoles a vivir más clandestinamente—trabajando para empleadores pocos escrupulosos y afuera de la sistema que no tienen un problema abusando a sus trabajadores y pagándoles salarios muy bajos. Los inmigrantes en esta situación se quedarán casi sin opciones cuando sus derechos sean violentados.
Entonces, ¿qué exactamente recibirán los inmigrantes cuando por fin logren cambiar su estatus? En vez de conceder la legalización rápida, justa y sin condiciones, que la comunidad inmigrante ha exigido por tanto tiempo, la nueva propuesta creará un proceso de legalización complicado y caro, que llevará más de 13 años. Para calificar para el nuevo estatus de “Inmigrante Registrado Provisional,” los inmigrantes tendrán que probar que han vivido en los Estados Unidos continuamente desde el 31 de diciembre del 2011, y pagar una multa de $500 dólares, impuestos no declarados y otros pagos sin definición, para aplicar. Los inmigrantes que hayan sido declarados culpables de ciertos crímenes o que el gobierno percibe como “amenaza a la seguridad nacional” no calificarán.
Este estatus provisional durará por seis años, después de que pueda ser renovado (junto con otra multa de $500 dólares). Después de vivir en la incertidumbre por 10 años, inmigrantes con el estatus provisional podrán aplicar para una tarjeta verde, pero solamente después de pagar otra multa de $1000 dólares, y demonstrar que han vivido en los EEUU continuamente, su historia de trabajo y un conocimiento de civismo e inglés. Nadie recibirá una tarjeta verde hasta que hayan sido procesadas todas las solicitudes pendientes (algunas personas han estado esperando por décadas sus visas de reunificación familiar). Y después de esto, el proceso para aplicar para la ciudadanía lleva unos años más. El hecho de que la mayoría de los inmigrantes tengan que utilizar los servicios de un abogado para ayudarles con todo el papeleo, aumentará el costo a miles de dólares, volviendo el proceso entero una pesadilla de solicitudes, largas esperas, y pagos caros.
El nuevo estatus provisional será esencialmente un estatus de segunda clase, con poca garantía. Mientras los inmigrantes que lo tienen serán protegidos de la deportación y tendrán permiso para trabajar y para viajar fuera de los EEUU, estarán obligados a vivir por años sin contar con los derechos básicos acordados a los ciudadanos estadounidenses. A los inmigrantes con el estatus provisional les será prohibido el acceso a cualquier beneficio del gobierno, como beneficios de comida u otros programas de asistencia. Y aunque las parejas y padres de ciudadanos estadounidenses, inmigrantes ya en proceso de deportación y algunos inmigrantes que han sido deportados les será permitido solicitar, la propuesta de ley no contiene provisiones para las parejas de personas de la comunidad LGBTQ—una injusticia que ha sido condenada por la comunidad gay.
Mientras, los inmigrantes indocumentados que ya se encuentran en los EEUU, estarán navegando el nuevo proceso de ciudadanía, el gobierno y las corporaciones grandes han arreglado un proceso para traer nuevos trabajadores inmigrantes a los Estados Unidos bajo un sistema de explotación legalizada. Bajo el nuevo sistema, ciertos tipos de visas familiares (por ejemplo visas para hermanos de ciudadanos estadounidenses) serán eliminadas, junto con la Visa de Diversidad, con la cual muchos africanos han migrado a los EEUU.
En su lugar, el gobierno implementará un nuevo sistema basado en los méritos de una persona, con lo cual, los inmigrantes ganarán “puntos” para su nivel de educación, su tipo de empleo, y el tiempo que han radicado en los Estados Unidos. Los que tengan más puntos se “ganarán” las visas—garantizando a los inmigrantes con mucha educación y trabajos de salarios buenos, ser los que ganen las visas, mientras los trabajadores más pobres otra vez se quedarán sin nada. El gobierno también aumentará el número de visas tipo H-1B, que son para inmigrantes con muchos habilidades (como doctores, científicos, gerentes de corporaciones, y trabajadores con empleos en el campo de la tecnología), 40% del total.
Al mismo tiempo, la legislación creará la “W-Visa,” un nuevo tipo de visa de huéspedes para inmigrantes con muchas habilidades que trabajan en industrias como empacadoras de carne, fábricas o construcción. Un comité especial determinará los niveles de visas, utilizando formulas económicas complejas (garantizando, supuestamente, que las industrias grandes sean suministradas con el obrero de bajo salario que necesitan para sacar los precios bajos y los beneficios altos). Bajo la W-Visa, trabajadores pueden venir a los EEUU por hasta tres años, para trabajar con visas vinculadas con un empleador y un empleo específico. Y aunque a los trabajadores supuestamente les serán garantizados ciertos derechos con la ley (por ejemplo, el derecho de cambiar trabajos y protecciones de los abusos de los empleadores), es importante recordar que estos mismos derechos estaban garantizados con el Programa Bracero original.
El programa Bracero, que importó trabajadores inmigrantes para suministrar al sistema de agricultura con mano de obra barata, durante los 1940s, ’50s, y ’60s, fue conocido por condiciones horribles, salarios súper-bajos, explotación y abuso. Y cuando ya no necesitaban a los inmigrantes, deportaron a más de un millón. La propuesta de reforma migratoria también incluye la propuesta de AgJOBS, que dará un chance a la ciudadanía, a algunos trabajadores indocumentados que trabajan en la agricultura, mientras crea dos tipos nuevos de visas de huéspedes para agricultores.
Los programas de visas de huésped no han mejorado mucho en términos de abuso hacia los trabajadores desde la era de los Braceros. Entonces, ¿cuál es el motivo para cambiar esta vez? Todo tiene un fin económico. La economía estadounidense sigue dependiendo mucho del trabajo de bajo salario de una clase de trabajadores súper explotados—los inmigrantes indocumentadas que no tienen derechos que están mantenidos con demasiado temor para defenderse—. La nueva propuesta de reforma migratoria simplemente sirve para legalizar este sistema de explotación económica, garantizando los beneficios súper-altos para las enormes corporaciones agricultoras, industriales, o empacadoras de carne.
Sin embargo, la propuesta no hace nada para medir las razones para que los inmigrantes sean forzados a llegar a los EEUU, incluyendo la pobreza y la guerra (muchas veces causados por intervenciones de los EEUU, o políticas económicas como NAFTA). Los inmigrantes indocumentados que vienen después de que la ley este implementada estarán obligados a vivir y trabajar aún más, afuera del sistema de trabajo más controlado, volviéndoles más vulnerables a la explotación y represión, y dejándoles con menos recursos para defenderse. Al mismo tiempo, la industria de prisiones privadas estará garantizados sus beneficios—muy altos—mientras los inmigrantes siguen siendo detenidos y deportados, más y más.
Toda esta infraestructura ha recibido la exclusiva aprobación de sindicatos como el AFL-CIO y el SEIU. Como la misma propuesta, estos sindicatos ponen a los inmigrantes “buenos” en contra de los inmigrantes “malos,” como si algunos fueran más merecedores de la legalización que otros. Por ejemplo, el SEIU dice en su sitio de web que apoya “la legalización ganado con una vía hacia la ciudadanía”, para que los inmigrantes indocumentados “puedan arreglarse con la ley.” Ambos sindicatos, grandes y burocráticos, también apoyan la seguridad en la frontera, la verificación del empleo y los nuevos programas braceros. ¿Se han olvidado de los miles de trabajadores inmigrantes que fueron despedidos con las auditorias I-9? Y, ¿qué hay de las redadas al estilo militar en Postville o en las empacadoras de Swift? Desafortunadamente, parece que muchos de los grandes sindicatos están tan vinculados con el partido demócrata, que están obligando a sus miembros a apoyar la reforma migratoria.
Pero los inmigrantes, ciertamente todos los trabajadores, merecen algo mejor que esta propuesta que nos están ofreciendo los que están en poder. Los inmigrantes merecen una legalización sin ataduras—una legalización que les permita reunirse con sus familias, vivir en sus comunidades sin miedos, trabajar con dignidad, unirse a sindicatos y defender sus derechos—.
Los inmigrantes merecen una legalización no vinculada con la militarización de la frontera, que no les obligue a intercambiar las muertes y detenciones de sus hermanas y hermanos por una tarjeta verde. Merecen una legalización que no les obligue a esperar décadas, que no les obligue a entregar su trabajo para que las grandes corporaciones puedan ganar millones de dólares, mientras luchan para mandar dinero a sus familias. Todos merecemos vivir en un mundo sin fronteras—donde seamos libres de movilizarnos o quedarnos donde nos guste, donde podamos estar con nuestros seres queridos—sin importar el estatus legal o la orientación sexual, donde podamos trabajar con dignidad con un sueldo justo.
Esto sólo lo podemos lograr a través de la unidad de la clase obrera. No podemos dejarnos engañar por las ideas falsas que los medios corporativos nos alimentan todos los días—que los trabajadores indocumentados son criminales, que están aquí para robar trabajos a los “americanos,” que algunos inmigrantes “merecen más la legalización” o que tienen que “ganarse” su estatus.
Tenemos que acordarnos de que los derechos de los inmigrantes son los derechos de los trabajadores, que un daño a uno es un daño a todos. El movimiento pro-inmigrante tiene el potencial de obligar al gobierno a darles algo mejor, y la clase trabajadora tiene que unirse a ellos, en solidaridad, para ayudarles a lograr sus metas.
